Aseguran que “es inconstitucional, teniendo en cuenta la falta de caminos alternativos libres de pago y por la doble imposición, generada principalmente por el aporte del Impuesto a los Combustibles que realizan los usuarios viales con tanto esfuerzo y que lamentablemente es malversado por el Estado Nacional”.

Añaden que “el primer requisito que debe cumplir cualquier reglamentación a la libertad de tránsito en materia de peaje, a efectos de salvar su constitucionalidad, es la existencia de caminos o vías alternativas. Es decir que el peaje solo será procedente cuando existiendo otro camino -un camino paralelo- entre los mismos puntos del territorio, el particular prefiera trasladarse o, en su caso, transportar su mercadería por una vía sujeta a peaje, que en principio supone caminos de mejor calidad y mayor rapidez y seguridad de traslado. El camino debe ser no solo alternativo, sino también paralelo, pues de lo contrario resultaría muy fácil burlar este requisito, sugiriéndose el desvío del tránsito por vías que para unir los mismos puntos del territorio signifiquen duplicar o triplicar la cantidad de kilómetros recorridos, lo que evidentemente resultaría absolutamente irrazonable”.

También mencionan que “el sistema de peaje directo con cobro en ruta está concebido para cuando primero se hacen las obras, luego de finalizadas se recupera la inversión a través de una tarifa de peaje razonable por tratarse de un servicio público, y con un camino alternativo libre de pago”.

“Eso es todo lo contrario a lo propuesto por el Señor Gobernador, ya que regirá en rutas existentes pagadas con creces con nuestros impuestos y sin caminos alternativos libres de pago. Esto generará verdaderos ‘monopolios naturales’, dejando a los usuarios viales de rehenes de los concesionarios, pisoteando y vulnerando derechos elementales de quienes transitan la red vial en cuestión”, expresan.

Consideran que en realidad será un “impuesto al tránsito”, un “falso peaje”, actuando como un nuevo costo o cargo económico, generando serios perjuicios sociales y económicos, afectando a los usuarios viales, a las localidades servidas por los distintos corredores viales provinciales y a toda la sociedad en su conjunto, fundamentalmente por el aumento en el costo de transporte.

Más adelante indican que al ser rutas de bajo caudal de tránsito “gran parte de la recaudación se gastará en la instalación de los pórticos electrónicos o estaciones de peaje, en su alto costo operativo, sin volcarse los suficientes fondos a los respectivos caminos para mejorar en forma efectiva el estado de transitabilidad. Esto hace antieconómico e impracticable el sistema de peaje directo con cobro en ruta”.

También entienden que “será injusto, ya que al tratarse de un sistema ‘abierto’, unos pagarán y otros no, de acuerdo al tramo transitado y que no pasen por las estaciones de cobro”.

Finalmente subrayan que “no se conoce estudio técnico económico de fundamentación de las tarifas de peaje a cobrar y la correspondiente relación beneficio/costo del usuario: ‘la tarifa debe ser inferior al beneficio que recibe el usuario’. Esto está expresamente establecido por las reglas de arte de la ingeniería económica de transporte como también por las Leyes de Obra Pública a nivel nacional como provincial”.

“Sorprende el desconocimiento en materia de infraestructura vial del señor gobernador y las respectivas autoridades, fundamentalmente en lo que respecta a los diferentes métodos que existen para financiar obras viales, de forma tal de elegir el más adecuado, para que el camino cumpla con una de sus principales funciones que es la de generar riquezas a toda la sociedad en su conjunto, y no pérdidas“, sentenciaron.

Por eso exhortaron a Weretilneck a que “no cometa el grave error de poner en práctica un sistema de falso peaje, inviable, inapropiado, inconstitucional, injusto e ilegal. Asimismo, se solicita a los señores Legisladores provinciales a no darle curso al Proyecto de ley elevado por el Ejecutivo, como así también se requiere la intervención de la Defensoría del Pueblo de Río Negro para salvaguardar los derechos de los usuarios viales y de toda la sociedad en su conjunto”.

El CONADUV reiteró la necesidad urgente “de implementar un verdadero proyecto vial que contemple toda la red caminera del país, exhortando al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales y a quienes nos representan, a que se reasignen en forma efectiva los recursos provenientes del impuesto a los combustibles, permitiendo así el sostenimiento y mejoramiento del sistema vial argentino en condiciones óptimas de transitabilidad, ‘sin barreas’ y sin pago de ‘falsos peajes’”.

"NOS METEN LA MANO AL BOLSILLO" 

En un tramo acalorado de la entrevista radial, Lascar fue muy claro al hablar de la incomodidad que este sistema impone.

“No damos más y estamos hartos que nos metan la mano en el bolsillo. Hace treinta años que pagamos peajes en diferentes rutas con el argumento de invertir en caminos y, con conocimiento de causa, puedo decir que en muchos lugares no se hizo un solo kilómetro de ruta nuevo o, si se hicieron fue con fondos nacionales, es decir, las empresas concesionarias no pusieron un peso”, expresó.

“Nos esquilmaron inconstitucionalmente durante treinta años solamente para sostener las cabinas de peajes y ahora, como si fuera poco, quieren provincializar rutas nacionales, lo cual va a terminar llenándonos de garitas de peajes”, agregó Lasca.

Con evidente indignación el dirigente se preguntó “para que están las Defensorías sino para defender los derechos de usuarios viales y consumidores? Pero, claro, son puestos políticos acordados por los funcionarios y dirigentes y entonces tenemos que acudir nosotros a una Justicia nada confiable a hacer las demandas de manera particular, porque a los funcionarios públicos le pagamos para defender el interés general, pero ellos se empeñan en cuidar sus espacios políticos y económicos”, concluyó.